Mientras dentro de Cuba aumentan las dificultades relacionadas con la escasez de petróleo, los frecuentes apagones y el malestar entre algunos sectores de la población, también crecen las presiones desde el exterior. En apenas un mes y medio, al menos cuatro países de América Latina y el Caribe han puesto fin a su cooperación con las brigadas médicas cubanas, uno de los programas más representativos de la isla y una importante fuente de ingresos para el gobierno.
El proceso comenzó a finales de enero en Honduras, cuando el nuevo gobierno de Nasry Asfura anunció la apertura de una investigación por supuestas irregularidades en el programa, entre ellas la presencia de personas que no pertenecían al sector sanitario. Poco después, la cooperación fue suspendida y los médicos que trabajaban en el país regresaron a Cuba. Una decisión similar fue adoptada por Guatemala, donde el presidente Bernardo Arévalo anunció el 10 de febrero que su gobierno pondría fin de manera gradual al programa, con el argumento de fortalecer el sistema de salud con profesionales locales.
A comienzos de marzo, Jamaica también informó la suspensión del acuerdo con Cuba al no lograr un consenso sobre las condiciones de la cooperación. Desde La Habana, el Ministerio de Relaciones Exteriores calificó la decisión como “unilateral” y afirmó que respondió a presiones provenientes de United States.
Esta semana se sumó Guyana, donde terminó igualmente la presencia de médicos cubanos. El gobierno del presidente Irfaan Ali explicó que fue Cuba quien decidió retirar a su personal después de que Georgetown propusiera nuevas condiciones para el despliegue de las brigadas, aunque las negociaciones aún continuaban. Por su parte, Dominica y otras naciones caribeñas han señalado que revisarán o modificarán los términos de su cooperación con el programa médico cubano.
La cadena CNN indicó que solicitó comentarios a los ministerios de Relaciones Exteriores y de Salud Pública de Cuba sobre esta situación, pero hasta el momento no ha recibido una respuesta oficial.
Mientras tanto, el United States Department of State reiteró sus críticas hacia el programa, al que acusa de implicar prácticas de trabajo forzado. Un portavoz del organismo afirmó que el programa de exportación laboral del gobierno cubano, especialmente las misiones médicas en el extranjero, priva a los ciudadanos de la isla de atención sanitaria y vulnera los derechos de los profesionales de la salud. Además, instó a otros países a tratar a los médicos cubanos como individuos con derechos y no como recursos que el Estado utiliza con fines comerciales.
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